La minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) en la agenda política electoral
En el Perú, cerca de 500,000 personas trabajan directamente en la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE), y alrededor de un millón de familias dependen de esta actividad. No estamos frente a un sector marginal: estamos frente a un ecosistema que, bien gestionado, puede ser un motor de desarrollo territorial; y, mal gestionado, agravará la conflictividad y la criminalidad.
Hoy, el principal problema no es la ausencia de actividad, sino la ausencia de gobernanza efectiva.
El caso del REINFO es ilustrativo: lejos de consolidarse como un instrumento de formalización, ha terminado funcionando como un espacio que permite la continuidad de la informalidad, facilita la evasión tributaria y, en los peores casos, abre puertas al financiamiento de economías ilegales. Este vacío no es neutro: genera incentivos perversos.
Cuando el Estado no regula con claridad, otros actores ocupan ese espacio.
¿Qué dicen los planes de gobierno?
Acabo de analizar los planes de gobierno de los 10 principales candidatos, luego del debate presidencial, y los ressultados son interesante:
- Tres no dicen nada referido a MAPE.
- Dos plantean formalización y reducción de la ilegalidad con indicadores claros
- Dos vinculan esta oportunidad a la innovación tecnológica mediante articulación con los CITEs.
- Uno propone reemplazar el REINFO por un régimen integral diferenciado, reconociendo al minero como emprendedor en transición.
También emergen una propuesta interesantes como los corredores productivos agro-minero-turísticos, que integran la MAPE en dinámicas territoriales más amplias.
Sin embargo, preocupa que el 50% de estos actores políticos omitan el tema o lo aborden superficialmente.
Este silencio es, en sí mismo, un riesgo.
El costo del vacío: más que informalidad
El desorden en la MAPE no solo implica pérdidas fiscales o impactos ambientales. Tiene consecuencias más profundas:
- Impactos negativos en derechos laborales, especialmente en las poblaciones vulnerables de las zonas rurales alto andinas.
- Captura de rentas por redes ilegales, que encuentran en la informalidad un terreno fértil.
- Escalada de conflictos sociales con la minería formal, donde el Estado llega tarde o sin legitimidad.
En este contexto, la criminalidad no es una anomalía: es una evolución predecible de un sistema sin reglas claras.
La oportunidad: diálogo político estratégico
Aquí es donde emerge una oportunidad clave: el diálogo político alrededor de la MAPE.
1. No se trata de mesas formales sin impacto, sino de procesos estratégicos que logren:
2. Reconocer la heterogeneidad del sector No es lo mismo minería artesanal que pequeña minería. Las políticas deben diferenciarlas, particularmente a quienes ya lograron crecer y tener una capacidad productiva importante.
3. Reconfigurar la narrativa Pasar de “minero informal = problema” a “actor económico en transición = oportunidad”.
4. Articular actores clave Estado, empresas, organizaciones de mineros, sociedad civil y academia deben construir soluciones compartidas.
Integrar enfoque territorial La MAPE no puede verse aislada: debe vincularse con cadenas productivas, infraestructura, servicios y mercados.
5. Incorporar sostenibilidad real con acceso a tecnologías limpias, financiamiento verde y trazabilidad no como exigencias, sino como habilitadores; y como lo han dicho algunos, con vinculación al sistema CITEs.
Un ejemplo potente es el surgimiento de organizaciones como la Red Nacional de Mujeres de la Pequeña Minería y Minería Artesanal, que están empujando agendas de acceso a financiamiento y tecnologías más limpias. Este tipo de actores demuestra que el cambio no solo es necesario, sino posible.

Las pallaqueras una modalidad de MAPE
Conclusión
La MAPE es una encrucijada: puede consolidarse como un pilar del desarrollo sostenible o seguir alimentando circuitos de ilegalidad.
La diferencia no la hará una norma aislada, sino la capacidad de construir acuerdos políticos sólidos, inclusivos y operativos.
Donde hay vacío, crece la criminalidad. Donde hay diálogo estratégico, se abre el desarrollo.
La pregunta no es si debemos intervenir, sino cómo y con quiénes lo hacemos.