¿Qué es una reforma en el sistema de Justicia?

Una reforma del Sistema de Justicia es un proceso de cambio o reestructuración cuyo propósito es mejorar su funcionamiento, eficiencia, accesibilidad, transparencia y equidad. En el Perú, estas reformas se han llevado a cabo en diversos momentos, destacan esfuerzos como la CERIAJUS en 2003 y las reformas procesales orientadas hacia la oralidad, como en el Nuevo Código Procesal Penal (2006) y la Nueva Ley Procesal del Trabajo (2010). Para tener un poco de perspectiva, consideremos que, en el caso penal, el anterior Código de Procedimientos databa de 1940.

En cuanto a la gestión del despacho judicial, ha habido diversas iniciativas con avances y retrocesos. Sin embargo, el objetivo central de la reforma sigue siendo garantizar la celeridad y predictibilidad en la justicia. Y, aunque algunas cifras muestran mejoras temporales, el sistema suele volver a congestionarse con el paso del tiempo. Esto ha motivado esfuerzos recurrentes por implementar mecanismos de descarga procesal y optimizar la gestión de órganos jurisdiccionales para distribuir mejor la carga de trabajo y liquidar procesos pendientes.

Medición del desempeño jurisdiccional

No puedo dejar de señalar en los antecedentes un hito importante: el sistema de medición del desempeño jurisdiccional. Desarrollado en 2013 para juzgados y salas a nivel nacional. Este sistema trabajó en algo que sonaba innovador pero que hoy es harto conocido: la interoperatividad. Es decir, que diferentes bases de datos puedan intercambiar información entre sí. Esto, como es comprensible, es fundamental para el seguimiento de expedientes. Este sistema por razones propias de las coyunturas de post reforma, cayó en el abandono.

Coyuntura de corrupción y criminalidad

Actualmente, estamos en una coyuntura durísima para el Sistema de Justicia. La corrupción ha sido también uno de los temas claves en parte de los esfuerzos de reforma. Centradas por lo general en los órganos de control como la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) en el caso del Poder Judicial. Hoy en día, este tema ha escalado en complejidad, golpea a los tres poderes del Estado y teje relaciones desde las actividades ilegales y el crimen organizado.

Pese a esta coyuntura, existen dos factores que ofrecen una oportunidad única en el marco de la reforma del sistema de justicia:

1. La Política Nacional Multisectorial del Sistema de Justicia: La cual está actualmente en proceso de formulación por el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia, creado en 2019. Esta política busca coordinar y unificar los esfuerzos de reforma en diferentes entidades del sector.

2. El expediente judicial electrónico: La interoperabilidad entre las bases de datos del Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía Nacional permitirá el desarrollo de un expediente digital que transformará radicalmente la gestión del sistema de justicia. Esta iniciativa se inició en el año 2017, viene de la mano con la Mesa de Partes Electrónica, y en la coyuntura actual podría acelerarse.

¿En qué escenarios se trabajaría esta reforma?

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) ha prospectado varios escenarios futuros. Y hay justamente dos que se acompañan a esta reflexión:

1. Crisis social: “Corresponde a un escenario de permanente inestabilidad social en el país, en el cual los ciudadanos han perdido confianza en el sistema político por los escándalos y delitos de corrupción, la desprotección de las autoridades, la desigualdad y la falta de transparencia y efectivad de la gestión de Estado. Ello se refleja en una mayor desaprobación de la gestión del gobierno central y regional, así como en un menor apoyo a la democracia y los partidos políticos”.

2. Disrupción tecnológica: “Describe un escenario de dinamismo económico y desarrollo nacional, producto del uso de tecnologías como la Inteligencia Artificial, Big Data, la educación virtual, entre otras.”

No es una coincidencia, estamos viviendo partes de estos escenarios analizados por el Ceplan.

Inteligencia Artificial: el próximo paso

El uso de inteligencia artificial (IA) y herramientas tecnológicas para analizar grandes volúmenes de datos es otra gran oportunidad. Si bien en el 2013, en el marco del sistema de medición del desempeño, se dieron avances importantes, hoy en día la tecnología permite implementar soluciones directamente accesibles desde dispositivos móviles, democratizando el acceso a la información judicial.

Actualmente la Presidencia del Consejo de Ministros está trabajando el Reglamento de la Ley N° 31814, ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país. No es una coincidencia, estamos en un entorno en el cual estas herramientas van a ser inyectadas en el aparato público; y, en este caso, en el sistema de justicia. Hay un factor disruptivo en la tecnología actual. Por ejemplo, imaginemos un asistente virtual basado en IA en la mesa de partes el cual podría responder dudas sobre expedientes de manera más eficiente que un asistente humano con un capacitación básica.

Esta adopción de tecnologías abrirá debates ya conocidos. Por ejemplo, las posiciones entre sentencias ágiles, breves y comprensibles para el ciudadano común versus las sentencias tesis, documentos extensos que suelen ser opacos y requieren interpretación legal de un abogado. La digitalización y las herramientas de automatización podrían ayudar a alinear a los magistrados hacia una mayor claridad en las sentencias, permitiendo retroalimentación inmediata a través del expediente digital.

Retos inmediatos y pasos hacia el futuro

Aunque las posibilidades tecnológicas son vastas, su adopción será gradual y dependerá de un trabajo intenso al interior de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Algunos factores que hay que considerar son:

• Homologación de la información de bases de datos

• Interoperabilidad de bases de datos.

• Actualización de infraestructura digital.

• Adquisición y desarrollo de software.

• Capacitación del personal.

Pero no son los únicos factores a considerar. El desafío inicial será asegurar el presupuesto necesario para implementar estos cambios. Sin embargo, si se logra avanzar en estos aspectos, el sistema de justicia peruano podría dar un salto hacia una mayor transparencia, y accesibilidad, consolidando reformas que hace pocos años parecían impensables.

Quizá puedo hay demasiado optimismo en esta reflexión, pero necesitamos ir en este camino. No es casual que el último CADE haya dedicado una sesión a la Justicia. Apoyarnos del talento de profesionales que dominen estas herramientas y que acompañen a los operadores de justicia en este nuevo ciclo de reforma que ojalá se instale.