Desde hace un año venimos prestando especial atención a la criminalidad en la minería en Pataz. Esta ha sido rampante y no se ha hecho nada para enfrentarla. Hemos pasado de acciones de mineros informales que ingresan indebidamente a socavones de la concesión formal a minería ilegal que va más allá de lo artesanal, plantas ilegales de procesamiento, evasión tributaria, enriquecimiento ilícito, criminalidad organizada financiando actividades mineras, lavado de dinero, sicariato y criminalidad organizada.

La llegadas de 200 efectivos de la Policía Nacional del Perú son una buena medida inmediata. Pero absolutamente insuficiente sino se logra:

1. Destruir las procesadoras ilegales y perseguir penalmente a quienes están tras de ellas.

2. Investigar y perseguir penalmente a las autoridades comunales y políticas vinculadas a estos grupos criminales.

3. Fortalecer las dependencias policiales en el sentido más amplio. Y que desde allí se puedan ejecutar operativos recurrentes. Incluida la policía de carreteras ya que se sabe que buena parte del mineral se traslada en convoyes armados.

4. Investigar y perseguir penalmente el enriquecimiento ilícito. Incautando bienes, cuentas y otros activos.

Disculpen esta redacción ruda, pero necesitamos sentido de urgencia. Debemos de lograr todo esto en medio del copamiento del Congreso de la República a la Fiscalía de la Nación. Por ello, no se confundan. La guerra contra esta criminalidad no se juega en Pataz sino en el núcleo de los Poderes del Estado.