1.- ACTORES DEL TRIANGULO CENTRAL: ¿Quiénes Juegan el Juego Extractivo?

Uno de los principales riesgos de la actividad extractiva para implementar y ejecutar proyectos de inversión minera es poder lograr relaciones positivas de largo plazo con comunidades locales y operar con aceptación social u obtener la licencia social para operar (E&Y, 2018). El crecimiento mundial genera una mayor demanda de recursos naturales minerales, múltiples intereses hacen presión sobre estos recursos, y las diversas tensiones entre estos múltiples intereses y conflictos sociales han retardado o impedido la implementación de importantes proyectos de inversión minera. Es evidente la falta de confianza de comunidades locales, no solo en el gobierno, sino también respecto a las empresas que proponen proyectos de inversión minera. Algunos consideran que no se puede confiar en que las empresas mineras actuaran en interés de la sociedad (Edelman, 2016). El juego de la minería, como se está jugando, no está funcionando bien y no conduce a que múltiples intereses se vean satisfechos.

Una posibilidad para construir confianza y relaciones positivas entre múltiples actores es alinear mejor los intereses empresariales (societarios) y los comunitarios (sociales). En este sentido, debemos reconstruir el contrato social, la manera como definimos la naturaleza de la relación entre los actores en la sociedad y las reglas de juego que guían la interacción social que generen las condiciones necesarias para lograr la satisfacción de múltiples intereses y generar beneficios mutuos o ganancias para todos. Es decir, debemos mejorar el juego de la minería para alinear intereses múltiples hacia el desarrollo, tanto de proyectos de inversión como de la sociedad en su conjunto.

¿Quiénes son los actores que participan en el juego minero para lograr la implementación de proyectos de inversión minera?

De acuerdo a este grafico los principales actores son los siguientes:

Empresa. Empresas Privadas que están interesadas en lograr la implementación de proyectos de inversión minera y obtener los beneficios de sus inversiones para lo cual deben interactuar con gobiernos para obtener derechos, permisos y autorizaciones que les permitan legalmente ejecutar sus proyectos de inversión.

Gobiernos que están interesados en recibir inversiones de empresas y obtener regalías e impuestos para financiar las funciones del estado y poder proveer servicios a la población del país y lograr el desarrollo.

Comunidad Local. Comunidades locales ubicadas en las zonas aledañas a los proyectos de inversión minera propuestos por las empresas que están interesadas en recibir servicios básicos del Estado, recibir beneficios de la inversión minera y no verse impactados negativamente por los proyectos mineros. Las comunidades locales están interesadas en estar en una mejor situación de la que estaban antes de la llegada del proyecto minero.

1.1.- LOS TRIANGULOS DE INTERACCIÓN ENTRE ACTORES EN EL JUEGO EXTRACTIVO BASADA EN INTERÉS, DERECHO O PODER: LOS TRIÁNGULOS EXTERIORES SOBRE LOS LADOS DEL TRIÁNGULO CENTRAL.

Una contribución para el análisis desde la especialidad del diseño de sistemas de gestión de conflictos (Ury, Brett, and Goldberg, 1988; Constantino and Merchant, 1996) es la explicación de que existen principalmente tres aproximaciones o abordajes para la solución de controversias:

• Reconciliación de Intereses: Las partes tratar de satisfacer sus necesidades, preocupaciones, deseos, temores y las cosas que a uno le preocupa o desea. (Enfoque basado en Intereses)

• Adjudicación de Derechos: Las partes busca referirse a una norma independiente, con la percepción de legitimidad, para reivindicar que es lo que es "correcto " o quien tiene la razón y quien está equivocado. Define quién tiene el derecho y quien no. (Enfoque basado en Derechos)

• Uso del Poder: Referido al uso del poder y la fuerza como palanca para forzar o coaccionar a alguien a hacer algo. (Enfoque basado en el Poder)

Un sistema eficaz sugiere que la mayoría de las disputas sean manejadas con un enfoque basado en intereses, y cuando este enfoque no resuelve el asunto en cuestión, las partes en conflicto deben tratar de resolver sus diferencias a través de un enfoque basado en el derecho. En general, un proceso de resolución de conflictos efectivo aclara la disputa de intereses, construye una buena relación de trabajo, genera buenas opciones con beneficios mutuos o ganancias para todos, es percibido como legítimo, es consciente de las alternativas de las partes, mejora la comunicación y da lugar a compromisos inteligentes. El enfoque basado en el poder y el enfoque basado en el derecho son menos adecuados para generar resultados duraderos o sostenibles porque el resultado puede cambiar cuando el balance de poder cambia. Si bien los resultados obtenidos con un enfoque de poder o un enfoque de derechos pueden generar decisiones inmediatas, el resultado de estas decisiones no tienen probabilidad de ser duraderas, tampoco logran satisfacer múltiples actores, y además pueden ser cuestionadas en segunda o última instancia en el sistema judicial. Estos enfoques de poder y de derecho tienden a quebrar relaciones entre múltiples partes por el resultado ganador-perdedor que generan además tienden a generar desconfianza y hostilidad entre las partes. Los proyectos de inversión minera son proyectos de larga duración y necesitan del apoyo de múltiples actores locales y sus comunidades para asegurar la sostenibilidad y legitimidad del proyecto en el tiempo. Estas decisiones necesitan de procesos, interacciones, decisiones y enfoques basados en intereses que generen relaciones de confianza.

En el contexto minero extractivo la mayoría de las relaciones e interacciones entre los jugadores descritos se dan en el nivel del enfoque del poder y en el enfoque del derecho. Las empresas tienen una relación e interacción a nivel de derechos con el gobierno para obtener sus permisos y autorizaciones cumpliendo con el ordenamiento jurídico; por su parte, el gobierno intenta cumplir con su obligación prestando servicios públicos y haciendo inversiones en las comunidades cuando funciona de manera eficiente, pero con poca participación de las comunidades locales en la toma de decisiones. La relación e interacción entre la empresa y la comunidad también se da con un enfoque legalista (enfoque basado en derechos) y cuando se considera la vulneración de derechos, las partes suelen escalar la situación al nivel del enfoque del poder y ejercicio de la fuerza. Por ejemplo, las empresas demandan el respeto a sus derechos sobre concesiones y el cumplimiento de acuerdos, no es extraño escuchar que algunos reclamar por el principio de autoridad y el respeto al estado de derecho, y cuando el conflicto escala, el estado interviene con el uso de la fuerza pública, ya sea la fuerza policial o el ejercito cuando se declara estado de emergencia y algunas garantías constitucionales son suspendidas. Por otro lado, las comunidades demandan, también con un enfoque basado en el derecho, el respeto a derechos de propiedad, a derechos colectivos, protección del agua y ambiente sano, y el derecho a ser consultados para participar en la toma de decisiones; cuando sienten que sus derechos son vulnerados, también escalan el conflicto y utilizan el enfoque basado en el poder, así utilizan plantones, marchas, huelgas y protestas para que sus derechos sean respetados.

2.- ¿Cómo Juegan los actores el Juego Extractivo?

¿Cómo se relacionan e interactúan los actores del juego extractivo para la implementación de proyectos de inversión minera?

De acuerdo con este grafico la interacción entre los actores interesados es como se describe a continuación:

2.1.- Empresa – Gobierno

Cuando una empresa desea implementar un proyecto de inversión minera en un país debe cumplir con las formalidades legales para obtener derechos sobre concesiones mineras, así como permisos y autorizaciones a fin de realizar las actividades necesarias para lograr la implementación y operación de sus proyectos mineros. En este sentido, para el uso y explotación de recursos minerales del Estado por parte de las empresas, las empresas deben contribuir con el pago de impuestos, canon y regalías al Estado, y el Estado utiliza estos fondos generados por la actividad minera para cumplir con sus funciones para el desarrollo de sus pueblos.

Esta es una relación básicamente legal, con un enfoque legalista para hacer cumplir el marco jurídico y regulatorio de la actividad minera y cumplir con las obligaciones de Estado. Una de las obligaciones de las empresas minero extractivas es cumplir con el ordenamiento jurídico ambiental y por lo general se les requiere que cumplan con la elaboración y presentación de instrumentos ambientales como por ejemplo Estudios de Impacto Ambiental que muchas veces su elaboración es tercerizada a empresas especializadas. Cabe indicar que la elaboración de los Estudios de impacto Ambiental no solo se debe realizar desde gabinete, oficinas centralizadas, también debe realizarse trabajo de campo y, en consecuencia, también hay interacción entre las empresas y las comunidades. La elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental está también enfocada como un cumplimiento legal y el marco regulatorio también genera las condiciones para este tipo de interacción. Cabe mencionar que algunas veces los Estudios de Impacto Ambiental son cuestionados por la población, la población no confía es ellos y no les atribuyen credibilidad. Se deben implementar mejores procesos de generación de información para que las comunidades y su población tengan mayor participación y sus intereses, preocupaciones y aspiraciones puedan ser escuchadas y generar credibilidad por la elaboración conjunta de instrumentos ambientales.

Cuando se producen situaciones de conflictividad social, las empresas acuden al gobierno para que este intervenga y logre la paz social necesaria que les permita operar sus proyectos de inversión.

2.2.- Gobierno – Comunidad

Cuando el gobierno recibe fondos generados por la actividad minera en cumplimiento del marco regulatorio, el Estado está habilitado con estos fondos para cumplir con sus obligaciones de Estado, en general, para con los ciudadanos del país y de manera específica para cumplir con las poblaciones cercanas a los proyectos de inversión minera. Las comunidades por su parte garantizan la gobernabilidad del país y dan legitimidad social al gobierno. Esta interacción generalmente está basada en un enfoque de derechos y poder. Por ejemplo, la elaboración de planes de desarrollo concertado, por lo general es asignado a un consultor o empresa para su elaboración y poco o muy limitado trabajo de busca de consensos o concertación se realiza. También se elaboran presupuestos participativos a través de talleres con la población, pero muchas veces los resultados no son considerados en la elaboración de los presupuestos. Se deben implementar mejores procesos de involucramiento para que las comunidades y su población tengan mayor participación y sus intereses, preocupaciones y aspiraciones puedan ser escuchadas y evaluadas seriamente por la autoridad.

Cuando se producen situaciones de conflictividad social, las comunidades demandan al gobierno el cumplimiento de sus funciones para que sus derechos privados y colectivos sean protegidos, y demandan a las empresas el cumplimiento del marco jurídico para prevenir la vulneración de sus derechos individuales y derechos colectivos.

El gobierno establece mesas de dialogo para abordar la crisis generada por la conflictividad social o declara estados de excepción que implica la suspensión de algunos derechos de la población y la posibilidad del uso de la fuerza pública para controlar actos de violencia, salvaguardar los derechos de todos y evitar afectaciones a la propiedad pública y privada.

2.3.- Comunidad – Empresa

Cuando una empresa desea implementar un proyecto de inversión minera en un país, además de cumplir con las formalidades legales para obtener derechos mineros y lograr permisos y autorizaciones otorgadas por el Estado que les permite realizar actividades mineras, las empresas deben también interactuar con las poblaciones locales aledañas a sus proyectos mineros propuestos para poder acceder a las áreas de territorio, generalmente de propiedad de las comunidades, en cuyo subsuelo se encuentran los yacimientos de recursos minerales que proponen aprovechar y deben sostener relaciones de interacción continua y apoyo de estas comunidades. El International Council on Mining & Minerals afirma que obtener y mantener el apoyo social de la comunidad o la licencia social de una empresa para operar es un factor clave para la viabilidad de cualquier operación.

La interacción de la empresa y la comunidad va desde un primero contacto de la empresa para lograr un acuerdo previo con la comunidad para acceder a zonas de su territorio hasta el contacto por interacciones para elaborar los instrumentos ambientales que el gobierno requiere para otorgar permisos y autorizaciones a las empresas para que puedan realizar sus actividades.

ESTÉ ATENTO A LA CONTINUACION EN LA ENTREGA NUMERO DOS...