Nuestra anterior publicación en @viaminera afirmaba que “Los asuntos complejos no pueden decidirse exclusivamente con el poder o el derecho porque estas decisiones crean ganadores y perdedores y no se logran soluciones sostenibles. Los problemas complejos necesitan soluciones sostenibles, inteligentes, creativas y legitimas que integren múltiples intereses, soluciones con las que ganen todos; y esto solo se logra a través del dialogo para la construcción de consensos con beneficios para todos cuidando el ambiente y contribuyendo al desarrollo sostenible”. 

¿Es realmente importante el dialogo para proyectos de inversión? Si no hay dialogo, y si los ciudadanos, comunidades locales, y organizaciones no pueden participar de manera efectiva para ser y sentirse escuchados, compartir sus preocupaciones, necesidades y aspiraciones, y participar en un proceso de involucramiento reciproco en el que puedan abordarse estas preocupaciones de manera conjunta, muy probablemente se incrementará el riesgo de que importantes proyectos de inversión sean retrasados o bloqueados. El ejercicio de la fuerza no lograra sacar adelante proyectos de inversión por mas beneficiosos que estos sean y el ejercicio exclusivo del derecho no solo genera ganadores y perdedores sino también sentimientos de exclusión e imposición. Todos tenemos la necesidad de ser entendidos, apreciados y respetados, y necesitamos tener sentido cierto de pertenencia, afiliación, o conexión con el otro, no sentirse excluido. También tenemos el interés emocional del sentido de autonomía, es decir el sentido de libertad de que no se nos impongan decisiones.

Los proyectos de inversión y desarrollo deben ser seguros para la salud y la vida de las personas, y producir beneficios a la localidad en donde se vayan a instalar estos proyectos, pero las decisiones que se tomen sobre estos proyectos deben satisfacer el debido proceso, entendiéndose en términos legales como un proceso justo. El debido proceso asegura que las personas han sido tratadas de manera justa y que no se ha dado ventaja procedimental alguna a ninguna otra persona o institución.

Las normas legales sectoriales y ambientales como las relativas a permisos y autorizaciones contienen disposiciones de contenido y procedimiento que intentan proteger a las personas y al mismo tiempo asegurar que las inversiones sean responsables. En este contexto, los inversionistas y desarrolladores de proyectos quieren saber si efectivamente las normas existentes serán respetadas y si sus inversiones de tiempo y dinero valdrán el esfuerzo. De la misma manera, los ciudadanos quieren saber que el futuro posible proyecto no será decidido sin que se les dé una oportunidad justa de ser escuchados y que sus necesidades serán adecuadamente consideradas.

La percepción de justicia también depende de la perspectiva del actor interesado. Las normas y regulaciones del gobierno pueden ser vistas como que otorgan protección y empoderan a las personas para que estas tomen decisiones y asuman riesgos. Sin embargo, para que una decisión sea legitima debe satisfacer los requerimientos legales del debido proceso, así como también, el sentido de justicia de la comunidad o la población local. Si las decisiones no satisfacen ambos criterios - los estándares legales y el sentido de justicia del debido proceso - pueden ser cuestionadas y su implementación limitada o bloqueada.

Algunas acciones del gobierno pueden no violar el procedimiento legalmente establecido, pero pueden violar la noción de justicia de una comunidad. El debido proceso puede ser seguido, pero la población puede creer que el gobierno ha abusado de su discrecionalidad para aprobar o denegar un proyecto controvertido. En situaciones en que el sentido de justicia - no el debido proceso legal - es violada, la cura es política, no judicial. Quienes se oponen a una decisión percibida como injusta pueden iniciar una campaña política para elegir a nuevos líderes o iniciar campañas ciudadanas que polarizan a la población. De cualquier manera, el caso es que ambos criterios son importantes componentes en controversias vinculadas a proyectos de inversión, tanto el debido proceso con sus requerimientos legales, así como la expectativa de la población.

Esta distinción entre el debido proceso legal y un proceso justo es muy importante en decisiones controvertidas. Un proceso justo tiene mayores probabilidades de ser efectivo ante decisiones controvertidas en contraste a un proceso que cumple con los mínimos requerimientos legales. Si las partes o la población no se siente incluida ni escuchada, muy probablemente la población alzará su voz de protesta y se opondrá a la decisión cuestionada a través de cuestionamientos políticos o legales. En estas circunstancias, las decisiones controvertidas puedan salirse de control a menos que se utilicen procesos que satisfagan el sentido de justicia de los actores interesados, la población. Un proceso de dialogo e involucramiento reciproco con un enfoque de beneficios mutuos puede generar el espacio necesario para producir este sentido de proceso justo.

Es en propio beneficios de la sociedad civil, las comunidades locales, nacionalidades indígenas y originarias, empresas y emprendedores, y del mismo gobierno - en todos sus niveles - trabajar juntos para generar los espacios de dialogo adecuados para integrar y satisfacer múltiples intereses tanto sociales, ambientales, económicos, culturales y/o políticos, así como satisfacer preocupaciones, necesidades y aspiraciones, construir legitimidad social, buena gobernanza y la gobernabilidad necesaria para transitar hacia el desarrollo sostenible. Mejores procesos logran mejores resultados, un centro de dialogo independiente neutral y apolítico pueda ayudar a facilitar entendimiento compartido entre múltiples actores y generar espacios para construir consensos con beneficios para todos.