En general, la Responsabilidad Social Corporativa se puede entender como las actividades de las empresas y su contribución para lograr sostenibilidad económica social y ambiental en la sociedad. La Responsabilidad Social Corporativa es un marco conceptual útil para conocer la actitud corporativa de las empresas para con sus múltiples stakeholder.

Algunos discuten sobre la idea de una minería responsable, la Responsible Mining Foundation elabora el Responsible Mining Index con el propósito de medir el desempeño de las empresas mineras en términos de prácticas sociales ambientales y gobernanza, incluyendo sus esfuerzos en contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los ODS establecen la visión de una sociedad global basada en principios de sostenibilidad, la agenda de los ODS cubre dimensiones de sostenibilidad económica, social y ambiental ofreciendo principios y un marco de referencia para definir política pública nacional y local. El International Council on Mining and Metals (ICMM) analiza la relevancia de los ODS en el sector minero ofreciendo guía en la manera como minimizar impactos negativos y maximizar la contribución positiva hacia el desarrollo sostenible. Existen diversas iniciativas internacionales para promover principios de sostenibilidad social y apoyar al sector privado en su implementación. Un ejemplo es el Global Reporting Initiative (GRI), iniciativa independiente que ayuda a gobiernos y empresas a entender y comunicar el impacto del negocio en temas críticos de sostenibilidad.

El uso y gestión de tierras y recursos naturales tiene diversas presiones desde múltiples intereses, y las decisiones sobre la gestión de su uso deben asegurar que se tomen en cuenta la economía, las necesidades de las comunidades, y el ambiente. La participación de comunidades y actores locales con un involucramiento temprano adecuado es un tema clave de sostenibilidad social en la toma de decisiones sobre el uso y gestión de tierras y recursos naturales, y la búsqueda de consenso multiactor debería ser un objetivo primordial toda vez que brinda legitimidad y factibilidad social a las decisiones sobre tierras y recursos naturales.

La evaluación y gestión de impactos ambientales se ha convertido el principal componente de los estudios de impactos de actividades en el sector minero; sin embargo, la evaluación y gestión de impactos sociales está adquiriendo una mayor relevancia a nivel mundial, estos estudios incluyen aspectos claves como derechos humanos, involucramiento temprano multiactor y aspectos culturales, entre otros. A pesar de la relevancia del aspecto social en los estudios de impacto de actividades, la legislación comparada ha dado poca atención a su desarrollo normativo y poca definición de indicadores sociales que puedan medir efectivamente los impactos tanto negativos como positivos.

Considerando la importancia del involucramiento social temprano, la legislación comparada -como la propuesta de cambio legislativo para estudios de impacto ambiental en British Columbia, Canadá, Propuesta BILL 51-2018 - está considerando la notificación temprana de la descripción inicial de proyectos a la entidad evaluadora competente, la presentación de planes de involucramiento temprano multiactor y el incremento de participación ciudadana. La descripción inicial del proyecto sería publicada por 90 días para que la autoridad reciba comentarios de la ciudadanía, luego el proponente del proyecto recibiría de la autoridad los comentarios recibidos y un listado de actores y partes interesadas que debe considerar el proponente del proyecto, los pueblos indígenas también pueden solicitar su participación para ser considerados partes del proceso. Los comentarios públicos recibidos deben dar al proponente del proyecto una pronta idea de los temas que serán de preocupación de los actores locales respecto a la propuesta de proyecto. Luego el proponente del proyecto deberá presentar a la autoridad una descripción detallada del proyecto abordando las preocupaciones de la ciudadanía. A continuación, la autoridad, de considerarlo pertinente, definirá el inicio del proceso de elaboración de estudios de impacto del proyecto propuesto y convocará a la ciudadanía a un proceso de consulta.

Considerando la dinámica social vinculada a la actividad minera en el Perú, quizás sea hora de repensar la evaluación de impactos de la actividad extractiva y reflexionar sobre la oportunidad de un involucramiento social temprano, inclusivo e independiente para lograr la viabilidad y factibilidad social de los proyectos mineros y demás proyectos de inversión. Así como la legislación nacional asigna la elaboración de estudios de impacto ambiental a entidades especializadas e independientes, la labor del involucramiento social temprano y la evaluación de impactos sociales debería asignarse a entidades especializadas e independientes. La reflexión actual sobre una nueva ley general de minería es una oportunidad que no deberíamos desaprovechar. Tenemos la oportunidad de co.construir confianza y generar valor compartido.